Hace poco en la provincia de Pastaza, en el Bloque 66 de la
Amazonía ecuatoriana, dos contratistas de origen humilde que laboraban en un
proyecto de agua potable, como parte de la empresa pública Ecuador Estratégico,
fueron lanceados y asesinados por una familia waorani, que según parece sufrieron
la muerte de un menor, por causas todavía no muy conocidas. El hecho
indudablemente deja una estela de dolor en los deudos y familiares de estos dos
trabajadores, que solo buscaban el pan para sus hijos.
Según la prensa el grupo
waorani reaccionó de tal forma, luego de que un médico confirmara que su hijo
llegó muerto, cuando lo llevaron a un centro de salud. Según voceros del
gobierno, este grupo agresor no pertenece a poblaciones no contactadas, sino
“son waos contactados y que han estado vinculados a los proyectos” de esta
empresa.
Ahora el dilema es: ¿cómo se hace justicia en estos casos?
Porque de hecho, sea cual fuere la situación o el lugar, la justicia debe
primar en un Estado de derecho. Según la Constitución ecuatoriana, se reconoce
a la justicia indígena como alternativa a la justicia ordinaria, sin
especificar sus alcances, y de ahí surge el debate y la discusión, que la
Asamblea Nacional debió hace tiempo haber discernido. La autonomía jurídica de
los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, es un logro importante;
sin embargo es vulnerable a subjetividades en su aplicación y puede facilitar
una impunidad desvergonzada. Recordemos el caso de una “violación” en Cayambe,
donde el culpable solo fue bañado, según parece con flores.
Lejos de una fobia abierta hacia el derecho positivo, el
derecho propio o llámese consuetudinario, debe ser normado de alguna manera. En el caso
de los waoranis involucrados en la pérdida de estas dos vidas, no sé si la
cárcel o el azote sería lo más justo, pero si fuera un familiar de cualquiera
de nosotros, no dudaríamos en pedir la más severa de las condenas, al final un
asesinato es un asesinato.
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