Prevaleciendo la dignidad humana, creemos en los pactos de honor, incluso en épocas de conflicto bélico y nunca claudicaremos en la lucha por la plena vigencia de los Derechos Humanos; pero sin embargo cabe anotar, que cuando alguien decide pasar a la ilegalidad, a la insurgencia armada, a la guerrilla, una persona acepta todo el riesgo y sacrificio que demanda semejante decisión, incluso ofrendar su propia vida si es necesario. Es una decisión extrema donde alguien se compromete a matar o a morir, a desenvolverse en un ambiente de horror, de secuestros, de asaltos, de persecución, de venganza, y todo ese cuadro espeluznante que trae consigo una guerra.
Sorprende hoy, en este tiempo, que los excombatientes de Alfaro Vive Carajo – AVC, aprovechando la coyuntura política, traten de victimizarse y se vayan a acusar con el Gobierno Nacional, a sabiendas de que la Justicia ecuatoriana no goza de plena imparcialidad, que toda justicia debería tener. El escandaloso error de las autoridades ecuatorianas, al maquinar un justo o injusto homenaje en la alfombra roja de las altas esferas del poder político nacional, a los exmiembros de AVC, mientras se procesaba implacablemente a los 10 muchachos de “Luluncoto”, acusados de subversión y terrorismo, dejó en claro el sinsentido discurso oficial. Esto preocupa y con razón, que se haya politizado los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Estamos conscientes de las tremendas arbitrariedades que se produjeron en el gobierno de León Febres Cordero, y los culpables ya hace tiempo que debieron ser castigados dentro de la ley. Si eso no ha pasado, sería justo que los involucrados se sometan, no a un sainete de revancha y venganza, sino a un ejercicio judicial pulcro e independiente, eso sí, sin la intromisión de nadie, ni del presidente, ni de los militares uniformados.
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